El progreso hacia la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere el fortalecimiento de los sistemas nacionales para el uso adecuado de los recursos públicos, en particular en países con una gestión financiera pública débil y en riesgo de quedarse atrás.
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) pueden desempeñar un papel clave para hacer cumplir la buena gobernanza y frenar la corrupción. Sin embargo, varias EFS en contextos desafiantes luchan por desempeñar un papel importante y tienen el potencial de realizar auditorías más impactantes.
La Iniciativa Global de Responsabilidad de las EFS (GSAI) tiene como objetivo movilizar un apoyo eficaz y bien coordinado a las EFS en contextos desafiantes. Estas EFS a menudo operan en entornos que enfrentan serios desafíos políticos, económicos y/o sociales y, por lo tanto, son las que más necesitan un apoyo ampliado y fortalecido. Se consideraron varios factores durante la selección de las EFS beneficiarias, incluidos, entre otros:
Estar ubicado en un país clasificado como país menos desarrollado, otro país de bajos ingresos o de ingresos medianos bajos en la lista de receptores de AOD del CAD de la OCDE
Estar ubicado en un país designado como frágil según la lista armonizada de situaciones frágiles del Banco Mundial
Estar ubicado en un país que puntúa en los dos cuartiles más bajos del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, o sin puntuación disponible (no hay datos del IPC disponibles)
EFS que tienen un desempeño general débil o medio, o sin datos de desempeño disponibles (basado en datos PEFA y OBI)
EFS sin apoyo para el desarrollo de capacidades o sin perspectivas de apoyo a corto plazo
Se espera que la iniciativa los capacite para llevar adelante su propio desarrollo de capacidades y alcanzar un nuevo nivel de capacidades y desempeño sostenidos a lo largo del tiempo.
Lanzada en 2022 por la Cooperación INTOSAI-Donantes como parte de su amplio trabajo para promover el apoyo, la independencia, el desempeño y los beneficios de las EFS en los países en desarrollo, la iniciativa es administrada por la IDI con financiamiento de la Unión Europea.